En un giro que agita el panorama político colombiano, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE), han impulsado la recomendación de formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y su exgerente de campaña, Ricardo Roa. Las acusaciones se centran en supuestas violaciones a los topes electorales durante la campaña presidencial. Estas acciones surgieron a raíz de las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente y exdiputado del Atlántico, quien alegó la entrada de fondos irregulares en el proceso político que llevó a su padre al poder.
La investigación también aborda una posible falta de reporte de vuelos de campaña, lo que ha añadido más combustible a las especulaciones sobre la financiación de la campaña de Petro. Aunque Roa compareció ante el CNE hace aproximadamente dos meses para brindar su versión sobre las supuestas irregularidades financieras, sostiene no haber recibido notificaciones oficiales de las autoridades de investigación.
El presidente de Ecopetrol ha afirmado públicamente su disposición a apartarse de su cargo si la compañía se ve afectada por las investigaciones en su contra. Sin embargo, ha desestimado las acusaciones en su contra, destacando la falta de notificaciones formales por parte de los organismos de control. Por otro lado, Petro no ha emitido una declaración oficial sobre estas acusaciones hasta el momento.
La decisión sobre si abrir un proceso formal contra los acusados ahora recae en otros nueve magistrados del CNE, lo que plantea un escenario político incierto y potencialmente volátil en el país. La conclusión de este caso podría tener repercusiones significativas en el panorama político colombiano y en la percepción pública sobre la transparencia y la integridad en el proceso electoral.
