En una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia, Nicolás Petro anunció una solicitud para declarar como ilegal todo lo actuado en su proceso judicial, alegando la violación de garantías fundamentales por parte del fiscal Mario Burgos.
Petro afirmó que su investigador está siendo objeto de una investigación interna por presunta violación de la reserva sumarial, el derecho de defensa y los derechos humanos, aspectos cruciales que deberían protegerse en cualquier proceso legal justo. Estas aseveraciones han generado incertidumbre sobre la integridad del caso y han puesto en entredicho la conducta del fiscal Burgos.
La defensa de Petro busca no solo la nulidad del proceso, sino también arrojar luz sobre posibles irregularidades que podrían haber influido en el desarrollo de su caso. Este anuncio ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial, ya que no solo se cuestiona la actuación del fiscal, sino que también se plantea la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos legales para garantizar la transparencia y justicia en el sistema judicial.
En respuesta a estas acusaciones, el fiscal Mario Burgos ha declarado que las acciones realizadas durante el proceso se apegan estrictamente a la legalidad y que cualquier investigación interna se lleva a cabo de manera imparcial. La incertidumbre en torno a este caso ha capturado la atención de la opinión pública, destacando la importancia de salvaguardar la integridad de los procesos judiciales y garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales en el sistema legal.
