La polémica ha estallado en Colombia después de que el presidente Gustavo Petro respondiera a las críticas del expresidente Álvaro Uribe por la derogación del decreto 1844 del 2018, diseñado para combatir el microtráfico de drogas y el consumo en espacios públicos. Petro, al justificar la medida, argumentó que las multas impuestas por Duque eran inconstitucionales y generaban desconfianza en las comunidades.
En su respuesta, Petro expresó en redes sociales: «No veo por qué derogar las multas que puso Duque de manera inconstitucional haga disfuncional la familia. Al contrario, la herida abierta entre la juventud barrial y la policía local se puede cerrar al dejar de ejercer el estado una persecución insensata contra los jóvenes de los que se sospecha son consumidores solo por ser jóvenes; la mayoría no son consumidores».
Uribe, por su parte, criticó la decisión de Petro de legalizar las drogas, expresando su preocupación por el impacto en la juventud, la familia y el futuro de la nación. La derogación del decreto 1844 ha suscitado un acalorado debate sobre cómo abordar eficazmente el problema del microtráfico sin afectar negativamente a las comunidades.
La medida derogada buscaba decomisar drogas en las calles sin criminalizar a los consumidores. Mientras algunos apoyan la nueva dirección de Petro, otros temen que pueda aumentar el microtráfico y el consumo en espacios públicos. La sociedad colombiana observa de cerca la evolución de esta controversia y sus posibles implicaciones en la política antidrogas del país.
