El reciente decreto supremo emitido por el Ministerio de Salud peruano ha desatado una fuerte polémica al incluir la transexualidad y la identidad de género como enfermedades mentales en el último Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Esta medida ha suscitado reacciones adversas por parte de activistas de derechos LGTBI y algunas figuras políticas, quienes han expresado su preocupación por la estigmatización y discriminación que podría generar.
Según Susana Chávez, directora de la ONG Promse, esta inclusión en el plan de salud aumenta la desconfianza en el Estado respecto al respeto a las minorías sexuales. Además, destacó que estas definiciones han sido proscritas en el campo de la salud y los derechos humanos.
Ante las críticas, el Ministerio de Salud emitió un comunicado aclarando que la diversidad de género y sexualidad no son consideradas enfermedades ni trastornos, y que la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud tiene como objetivo garantizar una cobertura completa en salud mental. La entidad reafirmó su respeto a las identidades de género y su compromiso contra la estigmatización de la diversidad sexual en el país.
A pesar de esta aclaración, las voces de rechazo continúan exigiendo la derogación del decreto. La congresista independiente Flor Pablo criticó la medida, calificándola de inconstitucional y vergonzosa. Adicionalmente, se manifestó preocupación por la apertura que podría generar este decreto a prácticas como las terapias de conversión, las cuales están ampliamente condenadas.
La controversia persiste mientras se espera una respuesta oficial del Ministerio de Salud ante las demandas de derogación y la preocupación por las consecuencias que este decreto podría tener en la comunidad LGTBI de Perú.
