En respuesta a las declaraciones de Álvaro Uribe sobre las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional, Gustavo Petro empleó el marco legal para enfatizar la importancia del orden constitucional y la prohibición de incitar a derrocar al gobierno. A través de su cuenta de Twitter, Petro citó específicamente los artículos 467 y 468 del Código Penal colombiano, que establecen claramente que es un delito incitar a derrocar al gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional.
El artículo 467 del Código Penal colombiano establece que quien, por cualquier medio, instigue, promueva o favorezca la guerra civil o el alzamiento armado contra el orden constitucional vigente, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. Por su parte, el artículo 468 añade que el que incite, promueva o favorezca la toma de las armas para derrocar al gobierno será sancionado con prisión de seis a doce años.
Estas referencias legales de Petro buscan recordar que la incitación a la violencia o al levantamiento armado no solo es ilegal, sino que también socava los principios democráticos y la estabilidad institucional del país. Además, el contexto político actual de Colombia, marcado por las negociaciones de paz y las tensiones entre diferentes sectores políticos, añade una capa de sensibilidad a estas discusiones.
Las reacciones ante estas declaraciones no se han hecho esperar, generando un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación colombianos. Este intercambio entre Petro y Uribe refleja las profundas divisiones políticas y filosóficas dentro del país, así como la importancia de respetar el estado de derecho y los marcos constitucionales en la resolución de conflictos políticos y sociales.
