En su primer comunicado oficial, Keralty, la compañía matriz de EPS Sanitas, expresó su rechazo contundente a la intervención gubernamental de la EPS. La empresa catalogó la medida como «improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria». Además, señaló que la sostenibilidad financiera de EPS Sanitas se ve afectada en gran medida por el Gobierno, al no abordar problemas críticos como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la concentración de riesgos por afiliado.
Keralty afirmó que había alertado sobre estas cuestiones en múltiples ocasiones, sin recibir soluciones. La compañía aseguró estar evaluando acciones para revertir la intervención y proteger los intereses de sus afiliados y del país.
