Este viernes se conoció que el pasado 28 de mayo, el Senado y la Cámara de Representantes sancionaron la Ley 2356, una normativa que busca endurecer las penas y el tratamiento procesal para aquellos que hayan sido condenados por feminicidios o estén siendo investigados como sospechosos de este tipo de casos. La iniciativa legislativa fue firmada por los presidentes de ambas cámaras del Congreso.
La Ley 2356, «por medio de la cual se eliminan beneficios y subrogados penales para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención preventiva por el delito de feminicidio», responde a una creciente preocupación social y política por la violencia de género en el país. Este endurecimiento legal llega en un momento crítico, tras los recientes feminicidios de Stefanny Barranco, asesinada por su expareja en el Centro Comercial Santafé, y Natalia Vásquez, asesinada también por su expareja en Suba, Bogotá.
El primer artículo de esta ley declara la eliminación de la “suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley”. Este cambio significa que los condenados por feminicidio no podrán acceder a beneficios que les permitan cumplir sus penas fuera de prisión.
El segundo artículo modifica el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal, estableciendo que “no procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por detención domiciliaria” cuando se trate del delito de feminicidio. Este ajuste asegura que los sospechosos de feminicidio permanecerán en establecimientos carcelarios durante el proceso judicial, evitando la posibilidad de que cumplan su detención en sus domicilios.
Finalmente, el tercer artículo modifica el artículo 38G del Código Penal, agregando el delito de feminicidio a la lista de crímenes que están exentos de beneficios o subrogados penales. Esta inclusión fortalece el mensaje de cero tolerancia hacia la violencia de género y busca disuadir la comisión de estos crímenes.
La aprobación de la Ley 2356 marca un paso significativo en la lucha contra la violencia de género en Colombia, subrayando el compromiso del Congreso de proporcionar un marco legal más rígido y protector para las víctimas de feminicidio.
