En sus primeras declaraciones aseguró que se fue del país porque «temía por su vida».

En la tarde de este viernes 10 de marzo, Aida Merlano Rebolledo llegó deportada en Colombia tras permanecer más de tres años en Venezuela.

Merlano afirmó que dará pruebas de la corrupción en las familias poderosas de la costa, por lo que pidió garantías al temer por su vida.

La exsenadora tiene pendientes dos condenas por delitos relacionados con la compra de votos para las elecciones de 2018.

Hace cinco años las autoridades incautaron videos en la sede política conocida como “La Casa Blanca”, en la que se vea a Merlano repartiendo dinero a líderes que se encargaban de pagar a electores por su voto.

A raíz de ello fue recluida en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, el 17 de abril de 2018.

Fue condenada en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, en mayo de 2020, a 11 años y cuatro meses de cárcel por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas.

El alto tribunal también la condenó a cinco años y seis meses de cárcel por violación de topes o límites de gastos electorales, en nombre de 2022.

Ambos presidentes criticaron sus políticas de seguridad. Todo se desató tras unas declaraciones del mandatario colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el jefe del estado salvadoreño, Nayib Bukele, protagonizaron un rifirrafe en redes sociales a causa de los cuestionamientos en las propuestas de seguridad de ambos paisas.

Durante la entrega de una nueva sede de la Universidad Distrital, en Bogotá, Petro se mostró en desacuerdo con la construcción de la megacárcel de El Salvador y el trato que reciben los presos en ella.

“Ustedes pueden ver en redes el campo de concentración. Yo creo que hay gente a la que le gusto eso: ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad”, aseveró el mandatario colombiano.

La respuesta de Bukele no se hizo esperar y fue a través de Twitter en donde manifestó que “los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”.

Ante dicho comentario, Petro aseguró que si hubo una reducción de los homicidios gracias a la educación: “Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional”

No obstante, el presidente de El Salvador cuestionó: “¿Desde 1993? 30 años… ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia: De más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan”.

El 23 de febrero se realizó una audiencia pública en el Congreso para abordar el proyecto que busca legalizar el uso de cannabis en el país.

Durante una audiencia pública sobre el uso del cannabis, la representante Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, realizó unas declaraciones que generaron polémica entre los usuarios de las redes sociales, al confesar que consume marihuana a diario.

Al respecto, el embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, manifestó en su cuenta de Twitter que también es un usuario habitual de cannabis.

“Así le pese a quienes normalizaron bombardear niños y estigmatizaron fumarse un porro. La descriminalización y la regulación son parte fundamental del cambio en la política de drogas. Tarea prioritaria de la política latinoamericana”, afirmó.

Ambos funcionarios coinciden en que la regulación de la marihuana podría significar beneficios sociales, económicos y médicos para el país.

Actualmente existe un proyecto que busca crear un marco regulatorio para el cultivo, transporte, almacenamiento, procesamiento, exportación, porte y consumo de la flor de cannabis.