El 23 de febrero se realizó una audiencia pública en el Congreso para abordar el proyecto que busca legalizar el uso de cannabis en el país.

Durante una audiencia pública sobre el uso del cannabis, la representante Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, realizó unas declaraciones que generaron polémica entre los usuarios de las redes sociales, al confesar que consume marihuana a diario.

Al respecto, el embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, manifestó en su cuenta de Twitter que también es un usuario habitual de cannabis.

“Así le pese a quienes normalizaron bombardear niños y estigmatizaron fumarse un porro. La descriminalización y la regulación son parte fundamental del cambio en la política de drogas. Tarea prioritaria de la política latinoamericana”, afirmó.

Ambos funcionarios coinciden en que la regulación de la marihuana podría significar beneficios sociales, económicos y médicos para el país.

Actualmente existe un proyecto que busca crear un marco regulatorio para el cultivo, transporte, almacenamiento, procesamiento, exportación, porte y consumo de la flor de cannabis.

Así lo anunciaron el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Alfonso Parda, quienes también afirmaron la creación de los Centros de Atención Primaria.

Tras una reunión entre el primer mandatario y representantes de nueve Entidades Promotoras de Salud (EPS), se confirmó que este tipo de instituciones no serán eliminadas, pero sí tendrá que adaptarse a un nuevo esquema de salud en caso de aprobarse la reforma.

“Claramente las EPS que se acomoden al nuevo sistema y tienen todas las condiciones para hacerlo, que entiendan el nuevo diseño de los centros de atención primaria cerca a los ciudadanos, van a tener la oportunidad de subsistir y hacer parte de sistema de manera indefinida”, destacó el ministro Prada.

A su vez, se dio a conocer que serán creados los Centros de Atención Primaria (CAPS), en los que estarán inscritos todos los ciudadanos y donde iniciará todo el sistema. En cada ciudad habrá uno por cada 25.000 habitantes. En ellos se brindará atención primaria en salud y los casos de medicina especializada pasarán a hospitales y clínicas.

Busca resocializar a la población penal, disminuir la pena máxima y eliminar algunos delitos.

Este lunes 6 de febrero, el Ministerio de Justicia radicó ante el Congreso el proyecto de ley de humanización carcelaria, cuyo propósito es lograr que la sociedad comprenda “que la restauración social no solo depende de una pena”.

“El tema general es modernizar el sistema penal y penitenciario de tal modo que le ofrezca a la sociedad lo mejor que puede ofrecerle un sistema de ese tipo y no lo que está ocurriendo en la actualidad, donde tenemos un sistema puramente carcelero que ha hecho de estas unas escuelas del delito”, resalto el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

La reforma de la política carcelaria le apunta a que las personas obtengan su libertad de manera progresiva con permisos de 72 horas, en un principio.

Posteriormente se contemplarían permisos los fines de semana y salidas a trabajar durante el día.

“Algo novedoso que no hemos dicho antes es la gradualidad. Los beneficios van empezando pequeños y si la persona va estudiando, va trabajando y va cumpliendo el reglamento penitenciario va accediendo a premios mejores hasta que ya termina la cárcel”, agregó Osuna.

A su vez, busca reducir la pena máxima de 60 a 40 años de prisión y eliminar de los delitos de “terrorismo en la protesta social”, “inasistencia alimentaria”, “injuria y calumnia”, por ejemplo.